El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fijado en 35 años el límite de edad para acceder a las oposiciones para policía. El fallo del Tribunal de Luxemburgo legitima de este modo a las fuerzas y cuerpos de seguridad  a excluir a los candidatos que superen dicha edad. La ley aún no ha entrado en vigor, pero las Oposiciones a policía nacional 2017 podrían ser las últimas convocatorias aptas para aquellos que superen los 35 años.

La sentencia dictada cierra las puertas a los candidatos que, según parece, no son lo suficientemente jóvenes para el desempeño de las funciones. Dicha sentencia respalda que “la posesión de capacidades físicas específicas constituye un requisito profesional esencial y determinante para estos agentes de policía”.
Esta medida choca de lleno con la tendencia de los países miembros de la Unión Europea en su afán por alargar la vida laboral, y a su vez, reabre el la polémica; ¿se es demasiado viejo a los 35? ¿estamos ante un acto de discriminación por edad en las administraciones públicas?
Una de las razones en las que se ampara el TJUE es en el “envejecimiento masivo del Cuerpo de Policía” y alega que “existe la necesidad de prever el reemplazo mediante procesos selectivos de los agentes de mayor edad por personas más jóvenes”. La paradoja está en que en 2011 en Tribunal Supremo abolió el techo de edad de 30 años para opositar a la Policía Nacional, al no considerar la edad requisito “esencial y determinante” para el desempeño de los cometidos exigidos a un policía. Ante tales contradicciones todo el mundo tendrá su visión. El debate está servido.

En el sector privado, pese a que la discriminación por edad y sexo sigue latente, cada vez resulta mas difícil encontrarte en las ofertas de empleo aquello de “abstenerse mayores de 40 años”. La ofensa es demasiado evidente. Eso nos debería llevar a reflexionar sobre la gravedad de que estos límites de edad se exijan, de forma explícita, en el acceso a la administración pública. Sobretodo partiendo de la base que esta, teóricamente, debe ser garante y protectora de la igualdad.